Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- A juicio del presidente nacional de Organizados para Gobernar, Robert Lucena, el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 3 de abril, evidencia la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro de «desarticular el accionar de la oposición y su derecho a disentir, allanando el camino por la vía legal para conservar el poder en las elecciones del 28 de julio próximo».
Lucena considera que mientras la oposición navega en un mar de candidatos y contradicciones, este polémico instrumento legal «faculta al Presidente de la República a crear, por la vía de decreto, la alta comisión contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, cuyos órganos ejecutores serán el Ministerio Público, la Sala Constitucional del TSJ, los tribunales civiles, Conatel y el CNE, donde ponderarán el proceder de las personas, organizaciones políticas y diversos grupos sociales y si éstos incurren en hechos que los consideren fascistas, como generar violencia como método de acción política, promover la cultura del odio, muerte o discriminación o denigrar de la democracia o sus instituciones, entre otros aspectos».,
-Concediendo al presidente Nicolás Maduro el beneficio de la duda, y partiendo del supuesto que está ley no persigue crear la criminalización del sector opositor, no busca sembrar miedo y desesperanza en la población venezolana, no intenta incidir en los medios de comunicación para adoptar la autocensura como método de supervivencia, o a los financistas opositores los obligue a abstenerse de apoyar a algún candidato, además del hecho que no se intenta crear un instrumento legal que le permita al gobierno protegerse del 80% del pueblo venezolano que está decidido a votar en su contra el próximo 28 de julio, el peligro real que existe es que las personas que se designen en la aplicación de esta ley, por tema de parcialidad política, los funcionarios adscritos a los órganos involucrados en la toma de decisiones, o justicia, ante una sociedad tan polarizada, apliquen la ley con un criterio de caza brujas y todo el que piense distinto sea considerado un fascista, enfatizó.
En ese sentido, el líder nacional de OPG exhortó al gobierno de Maduro a retractarse de impulsar esta polémica ley, al tiempo que instó a todos los factores políticos, gremios, grupos religiosos y a todos los candidatos presidenciales a pronunciarse en contra de este instrumento jurídico.
